FUNCIÓN PÚBLICA MENOSPRECIADA

Hace unos años leí que los ingleses eran el país donde la cantidad de altos funcionarios públicos menos variaba en función del gobierno que saliera de las urnas y que comparativamente España era un país donde la función pública estaba más politizada, instrumentalizada o presionada y que su cantidad variaba desmesuradamente. Los funcionarios de carrera tienen los conocimientos, el adiestramiento y la experiencia suficiente para atender a sus tareas diarias, sin embargo, cuando se trata de altos cargos, ya sea del Estado, de las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos o empresas públicas,  se les conmina, se les instruye o se les amenaza para que actúen en una dirección u otra sin tener en cuenta que pueden transgredir las leyes que tanto conocen, incluso pueden ser incluidos en una especie de «lista negra» de la institución si no atienden a las peticiones políticaas o acabar en un rincón exiliado de sus funciones y rango. Como decía antes, en Inglaterra, los funcionarios están al servicio del gobierno que salga de las urnas reciben las directrices de su nuevo mando con la profesionalidad suficiente como para hacer cumplir sus iniciativas, pero jamás, salvo algunas excepciones, que se salten a la torera las leyes del país. Últimamente en este país vemos, reiteradamente, a los políticos, responsables de su ámbito de influencia, que reclaman la total culpabilidad de los desmanes en sus actuaciones a los funcionarios y técnicos que debían supervisar, es aquello de «yo firmaba lo que me ponían delante sin leerlo», o sea, la dejación de sus funciones es tan manifiesta, tan fragante y tan pueril que uno se pregunta sin atisbo de equivocación ¿para qué queremos a estos representantes de los ciudadanos tan incompetentes? Es aún peor, ahora que vienen «los hombres de negro» para fiscalizar a España, que Rajoy amenaza con «hombres de negro» que fiscalicen a las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, me pregunto ¿no sería más racional y económico establecer un sistema en el cual los funcionarios de carrera pudieran realizar esa función de control sobre sus jefes?
Francisco Vicente Agulló Sánchez

Opinión Publicada en: 

 27-07-12 - INFORMACION

¡QUE SE JODAN!

UN VIDEO VALE POR CIEN MIL PALABRAS

Un video vale por cien mil palabras

Si una imagen vale por mil palabras, un video vale por cien mil. Todos los medios de comunicación ponen el acento en las palabras de Andrea Fabra, «¡que se jodan!», pero ninguno recalca la gesticulación antes de tan indigna frase, tanto anterior como su satisfacción posterior a las mismas. No hay que visionar las imágenes mucho para darse cuenta del «sí, sí, sí» acompañado de cuerpo, alma y el éxtasis frenético que esta «diputada» demostraba corroborando las duras medidas de su líder hacia sus ciudadanos, o sea, hacia sus compatriotas. Señora o señorita Fabra, su padre le ha conseguido un nido estable, fuera de toda crisis y con patrimonio suficiente para sus hijos, sus nietos y sus biznietos. ¡Qué más quiere de los españoles! Dimita ya, váyase a disfrutar en Ibiza (por favor que sea en España para crear algo de valor añadido a los españoles) y deje a alguien más competente que usted, como mínimo a alguien que comprenda a sus conciudadanos y que se muestre compungido, apenado o siquiera impertérrito por la desgracia en la cual ha caído su país. Dimitir rápido y contundente es la mejor forma de dimitir, para su país, para su partido y para los españoles.

 Francisco Vicente Agulló Sánchez

 Opinión publicada en:

17-07-12 - INFORMACION
23-07-12 - LA VERDAD (Alicante) 

LA BANDA DE LOS CIEN ESPECULADORES

Como prometí en la anterior entrada esta es la segunda opinión que he enviado hoy sábado a las 23'00h.

Ya que el Gobierno no puede o no quiere atajar la sangría de la prima de riesgo, ya que no quiere o no puede actuar sobre los especuladores que inflan artificialmente dicha prima, ya que parece que nadie hace nada efectivo sobre el problema, voy a proponer un sistema muy simple: Que nos dejen hacer a los ciudadanos.

Me explico, solo hay que publicar la lista de los 100 mayores vendedores de deuda pública en mercados secundarios en los días anteriores a una subasta y los 100 mayores compradores de deuda en la propia subasta. La prensa estudiaría las ramificaciones y los ciudadanos tendríamos así la suficiente información para actuar, como mínimo, sobre los operadores nacionales que especulan contra España en pos de un beneficio rápido y fácil incrementando las penurias de la población vía recortes de todo tipo.

Por ejemplo, si encontramos dentro de esa lista de los 100 máximos especuladores sobre deuda española a entidades financieras españolas o extranjeras que operan en este país, los ciudadanos podríamos decidir si retirar nuestros ahorros, nuestros créditos o nuestras cuentas corrientes de tan indignas entidades, trasladando nuestras operaciones a otras más dignas.

Insisto, fácil, sencillo y simple, con hacer pública una lista con los 100 máximos especuladores, ya sean bancos, cajas, holdings, fondos de inversión o de pensiones y dejar que la prensa investigue, el ciudadano libremente podrá tomar o no represalias contra estos especuladores.

La lista la tienen el Gobierno Español y Europeo, pero no los españoles ni los europeos. ¿Tampoco es factible? ¿Habrá que explicar por qué?
 Francisco Vicente Agulló Sánchez
 Opinión Publicada en:
24-07-12 - LA VERDAD (Murcia) 

GOBIERNO Y POLITICOS  CONTRA LA JUSTICIA Y LOS CIUDADANOS.

He enviado este fin de semana dos opiniones a los periódicos de siempre. Esta primera creo que no se publicará, sinceramente porque creo que es extremadamente larga, tiene extensión de artículo y no de carta al director. Es tiempo dirá si algún responsable de participación hace el esfuerzo de incluirla en una sección que, de por sí, es escueta. La segunda en la siguiente entrada.

Los españoles hemos recibido esta semana una gran noticia, la admisión a trámite por parte del Juez Fernando Andreu de la querella presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 consejeros de Bankia y BFA. Desde el Gobierno y el PP se ha mandado tajantemente silencio sobre el caso a sus Ministros y a sus correligionarios, sin embargo en los pasillos del parlamento (según revela El País del 06-07-12) esta cuestión preocupa, y mucho, a los dirigentes del PP, incluso tachan de irresponsable la querella de UPyD. Ver para creer.

En todas las encuestas promocionadas por los medios de comunicación sobre la idoneidad de investigar a Bankia-BFA ganaba el sí por mayoría abrumadora (todas ellas por encima del 80 %) por el contrario el PP cortó de raíz la más mínima posibilidad de constituir una comisión de investigación parlamentaria propuesta por todos los demás partidos políticos, haciendo caso omiso del sentir general de la ciudadanía.

Cuando leemos el auto del juez se nos hace literalmente la boca agua al constatar que el instructor pide información detallada de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde el 1 de enero de 2008 en favor de los consejeros y directivos y sus familiares y en favor de los grupos políticos que han participado en la elección de los consejeros de las siete cajas que formaron BFA. Desde mi punto de vista se queda corto en el tiempo.

En todos los casos de corrupción o en la gran mayoría de ellos, los instrumentos utilizados han sido tramas de sociedades interpuestas entre la fuente del dinero y el final del mismo, es obvia la propuesta que sigue: Creo que cabe ampliar las investigaciones a todo crédito de relevancia concedido a persona física, jurídica o Administración Pública, que se haya concedido en condiciones, podríamos decir “leoninas para el prestamista”, o sea prácticamente “te regalo el dinero durante unos años porque…“ y es este último porque en el que tenemos que profundizar… porque eres mi amigo, porque me lo manda mi partido, porque no tengo control ni lo voy a tener, etc. Por supuesto son altamente escandalosos los créditos concedidos en las condiciones indicadas y que han resultado fallidos, estos no pueden dejarse de investigar jamás.

A los ciudadanos nos asaltan muchas dudas: 1) Comenzará el Gobierno o los superiores a presionar al Juez, como presuntamente se acaba de producir en el caso de Carlos Fabra. 2) Detraerá medios necesarios para la correcta investigación. 3) Demorará el proceso al no asistir con la debida celeridad y eficiencia los requerimientos de información del Juez.

Por una vez los españoles nos hemos sentido respaldados por la justicia, nos da la sensación de que el auto del juez se ha impuesto por la supremacía de las leyes sobre la impunidad de los gobernantes y poderosos, es como un hálito fresco de democracia que hacía tiempo que no nos llegaba, sinceramente, esta sensación es placentera.

Por otro lado, tantas han sido las decepciones anteriores que nos asaltan incertidumbres sobre la resolución del caso. Todo lo que sea obstaculizar, demorar o cerrar en falso el proceso judicial sería destrozar definitivamente toda esperanza de una España democrática y digna como sistema, con una justicia rápida, eficiente e independiente. No hay posición intermedia gana España y La Justicia o gana el Gobierno y sus acólitos.

OPINÓN PUBLICADA EN:
08-07-12 - EL MUNDO (Orbyt) 

14-07-12 - LA VERDAD (Alicante- enlace no editable)