GOBIERNO Y POLITICOS
CONTRA LA JUSTICIA Y LOS CIUDADANOS.
He enviado este fin de semana dos opiniones a los periódicos de siempre. Esta primera creo que no se publicará, sinceramente porque creo que es extremadamente larga, tiene extensión de artículo y no de carta al director. Es tiempo dirá si algún responsable de participación hace el esfuerzo de incluirla en una sección que, de por sí, es escueta. La segunda en la siguiente entrada.
Los españoles hemos recibido esta
semana una gran noticia, la admisión a trámite por parte del Juez Fernando Andreu de la querella
presentada por Unión Progreso y
Democracia (UPyD) contra 33 consejeros de Bankia y BFA. Desde el Gobierno y
el PP se ha mandado tajantemente silencio sobre el caso a sus Ministros y a sus
correligionarios, sin embargo en los pasillos del parlamento (según revela El
País del 06-07-12) esta cuestión preocupa, y mucho, a los dirigentes del PP, incluso
tachan de irresponsable la querella de UPyD. Ver para creer.
En todas las encuestas
promocionadas por los medios de comunicación sobre la idoneidad de investigar a
Bankia-BFA ganaba el sí por mayoría abrumadora (todas ellas por encima del 80
%) por el contrario el PP cortó de raíz la más mínima posibilidad de constituir
una comisión de investigación parlamentaria propuesta por todos los demás
partidos políticos, haciendo caso omiso del sentir general de la ciudadanía.
Cuando leemos el auto del juez se
nos hace literalmente la boca agua al constatar que el instructor pide
información detallada de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas
desde el 1 de enero de 2008 en favor de los consejeros y directivos y sus familiares
y en favor de los grupos políticos que han participado en la elección de los
consejeros de las siete cajas que formaron BFA. Desde mi punto de vista se
queda corto en el tiempo.
En todos los casos de corrupción
o en la gran mayoría de ellos, los instrumentos utilizados han sido tramas de sociedades
interpuestas entre la fuente del dinero y el final del mismo, es obvia la
propuesta que sigue: Creo que cabe ampliar las investigaciones a todo crédito
de relevancia concedido a persona física, jurídica o Administración Pública, que
se haya concedido en condiciones, podríamos decir “leoninas para el
prestamista”, o sea prácticamente “te regalo el dinero durante unos años
porque…“ y es este último porque en el que tenemos que profundizar… porque eres
mi amigo, porque me lo manda mi partido, porque no tengo control ni lo voy a
tener, etc. Por supuesto son altamente escandalosos los créditos concedidos en
las condiciones indicadas y que han resultado fallidos, estos no pueden dejarse
de investigar jamás.
A los ciudadanos nos asaltan
muchas dudas: 1) Comenzará el Gobierno o los superiores a presionar al Juez,
como presuntamente se acaba de producir en el caso de Carlos Fabra. 2) Detraerá medios necesarios para la correcta investigación.
3) Demorará el proceso al no asistir con la debida celeridad y eficiencia los
requerimientos de información del Juez.
Por una vez los españoles nos
hemos sentido respaldados por la justicia, nos da la sensación de que el auto
del juez se ha impuesto por la supremacía de las leyes sobre la impunidad de
los gobernantes y poderosos, es como un hálito fresco de democracia que hacía
tiempo que no nos llegaba, sinceramente, esta sensación es placentera.
Por otro lado, tantas han sido
las decepciones anteriores que nos asaltan incertidumbres sobre la resolución
del caso. Todo lo que sea obstaculizar, demorar o cerrar en falso el proceso
judicial sería destrozar definitivamente toda esperanza de una España
democrática y digna como sistema, con una justicia rápida, eficiente e
independiente. No hay posición intermedia gana España y La Justicia o gana el Gobierno
y sus acólitos.
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