En los innumerables casos de corrupción política que han
visto la luz últimamente siempre hemos encontrado un denominador común, los
proveedores corruptos, colaboradores necesarios en la trama correspondiente,
aquellos que suministran bienes o servicios a costa del dinero de los
ciudadanos. No hay más recordar los casos del Gürtel, Emarsa, Noos? etc, etc.
En la empresa privada el empresario se cerciora de que los bienes o servicios
son adecuados a su actividad, que cumplen las condiciones de calidad, precio y
servicio, produciéndose un sano flujo compra-venta que constituye la verdadera
base de la economía de mercado. Sin embargo en los proveedores corruptos de las
administraciones públicas siempre vemos unos comportamientos ineficientes y
reiterativos, o bien los bienes o servicios se facturaban a un precio
desorbitado, o bien en cantidades superiores a las suministradas, o bien ni
siquiera se suministraban. Desde mi punto de vista lo que puede ser realmente
bochornoso, tramposo e indigno es que, en la situación actual de inmensa
necesidad nacional, se esté aplicando una política de asignación de fondos con
el criterio de «tapar bocas», o sea, el criterio de satisfacer a los
proveedores corruptos con el ánimo de aplacar su ira o malestar por la demora
en sus cobros, algo así como ceder al chantaje de los que han sido tus acólitos
y que sólo tú has provocado. Todos los ciudadanos nos preguntamos dónde está el
dinero de nuestros impuestos que no llegan para pagar a los farmacéuticos, la
medicina, la educación ni siquiera subvencionar los comedores escolares, entre
muchas otras cosas. La pregunta es irremediable: ¿Seguro que se aplica el
dinero con la escala de utilidad necesaria para resolver los problemas de la
población en general o por el contrario se están desviando con fines únicamente
políticos cuando no corruptos? Toc? Toc? ¿Hay alguien ahí? Silencio
Francisco Vicente Agulló Sánchez
Opinión Publicada en:
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